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Presidencia de la República
Casa Civil
Sub-jefatura de Asuntos Jurídicos

DECRETO Nº 8.243, DEL 23 DE MAYO DE 2014

Instituye la Política Nacional de Participación

Social – PNPS y el Sistema Nacional de Participación

Social – SNPS, y da otras providencias.

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, en el uso de las atribuciones que le confiere el art. 84, caput, incisos IV y VI, línea “a”, de la Constitución, y teniendo en vista lo dispuesto en el art. 3º, caput, inciso I, y en el art. 17 de la Ley nº 10.683, del 28 de mayo de 2003,
DECRETA:
Art. 1º Queda instituida la Política Nacional de Participación Social – PNPS, con el objetivo de fortalecer y articular los mecanismos y las instancias democráticas de diálogo y la actuación conjunta entre la administración pública federal y la sociedad civil.
Parágrafo único. En la formulación, la ejecución, en el monitoreo y en la evaluación de programas y políticas públicas y en el mejoramiento de la gestión pública serán considerados los objetivos y las directrices de la PNPS.
Art. 2º A los fines de este Decreto, se considera:
I – sociedad civil – el ciudadano, los colectivos, los movimientos sociales institucionalizados o no institucionalizados, sus redes y sus organizaciones;
II – consejo de política pública – instancia colegiada temática permanente, instituida por acto normativo, de diálogo entre la sociedad civil y el gobierno para promover la participación en el proceso decisorio y en la gestión de políticas públicas;
III – comisión de políticas públicas – instancia colegiada temática, instituida por acto normativo, creada para el diálogo entre la sociedad civil y el gobierno en torno a un objetivo específico, con plazo de funcionamiento vinculado al cumplimiento de sus finalidades;
IV – conferencia nacional – instancia periódica de debate, de formulación y de evaluación sobre temas específicos y de interés público, con la participación de representantes del gobierno y da la sociedad civil, pudiendo contemplar etapas estatales, distritales, municipales o regionales, para proponer directrices y acciones acerca del tema tratado;
V – defensoría pública federal – instancia de control y participación social responsable del tratamiento de los reclamos, solicitaciones, denuncias, sugerencias y elogios relativos a las políticas y a los servicios públicos, prestados sobre cualquier forma o régimen, con vistas a la mejora de la gestión pública;
VI – mesa de diálogo – mecanismo de debate y de negociación con la participación de los sectores de la sociedad civil y del gobierno directamente implicados en el intento de prevenir, mediar y solucionar conflictos sociales;
VII – fórum interconsejos – mecanismo para el diálogo entre representantes de los consejos y comisiones de políticas públicas, en el intento de acompañar las políticas públicas y los programas gubernamentales, formulando recomendaciones para mejorar su intersectorialidad y transversalidad;
VIII – audiencia pública – mecanismo participativo de carácter presencial, consultivo, abierto a cualquier interesado, con la posibilidad de manifestación oral de los participantes, cuyo objetivo es subsidiar decisiones gubernamentales;
IX – consulta pública – mecanismo participativo, a realizarse en plazo definido, de carácter consultivo, abierto a cualquier interesado, que busca recibir contribuciones por escrito da la sociedad civil sobre determinado asunto, en la forma definida en su acto de convocatoria; y
X – ambiente virtual de participación social – mecanismo de interacción social que utiliza tecnologías de información y de comunicación, en especial internet, para promover el diálogo entre la administración pública federal y la sociedad civil.
Parágrafo único. Las definiciones previstas en este Decreto no implican el desarme o alteración de consejos, comisiones y demás instancias de participación social ya instituidos en el ámbito del gobierno federal.
Art. 3º Son directrices generales de la PNPS:
I – el reconocimiento de la participación social como derecho del ciudadano y expresión de su autonomía;
II – complementariedad, transversalidad e integración entre mecanismos e instancias de la democracia representativa, participativa y directa;
III – solidaridad, cooperación y respeto a la diversidad de etnia, raza, cultura, generación, origen, sexo, orientación sexual, religión y condición social, económica o de deficiencia, para la construcción de valores de ciudadanía y de inclusión social;
IV – derecho a la información, a la transparencia y al control social en las acciones públicas, con uso de un lenguaje simple y objetivo, consideradas las características y el idioma de la población a la que se dirige;
V – valoración de la educación para la ciudadanía activa;
VI – autonomía, libre funcionamiento e independencia de las organizaciones de la sociedad civil; y
VII – ampliación de los mecanismos de control social.
Art. 4º Son objetivos de la PNPS, entre otros:
I – consolidar la participación social como método de gobierno;
II – promover la articulación de las instancias y de los mecanismos de participación social;
III – mejorar la relación del gobierno federal con la sociedad civil, respetando la autonomía de las partes;
IV – promover y consolidar la adopción de mecanismos de participación social en las políticas y programas del gobierno federal;
V – desarrollar mecanismos de participación social en las etapas del ciclo de planeamiento y presupuesto;
VI – incentivar el uso del desarrollo de metodologías que incorporen múltiples formas de expresión y lenguajes de participación social, por medio de internet, con la adopción de tecnologías libres de comunicación e información, especialmente, software y aplicaciones, tales como códigos fuente libres y auditables, o los disponibles en el Portal del Software Público Brasileño;
VII – desarrollar mecanismos de participación social accesibles a los grupos sociales históricamente excluidos y vulnerables;
VIII – incentivar y promover acciones y programas de apoyo institucional, formación y cualificación en participación social para los agentes públicos y la sociedad civil; e
IX – incentivar la participación social en los entes federados.
Art. 5º Los órganos y entidades de la administración pública federal directa e indirecta deberán, respetadas las especificidades de cada caso, considerar las instancias y los mecanismos de participación social, previstos en este Decreto, para la formulación, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de sus programas y políticas públicas.
§ 1º Los órganos y entidades referidos en el caput elaborado, anualmente, reporte de la implementación de la PNPS en el ámbito de sus programas y políticas sectoriales, observadas las orientaciones de la Secretaria General de la Presidencia de la República.
§ 2º La Secretaria General de la Presidencia de la República elaborará y publicará anualmente un reporte de evaluación de la implementación de la PNPS en el ámbito de la administración de la República federal.
Art. 6º Son instancias y mecanismos de participación social, sin perjuicio de la creación y del reconocimiento de otras formas de diálogo entre la administración pública federal y la sociedad civil:
I – consejo de políticas públicas;
II – comisión de políticas públicas;
III – conferencia nacional;
IV – defensoría pública federal;
V – mesa de diálogo;
VI – fórum interconsejos;
VII – audiencia pública;
VIII – consulta pública; y
IX – ambiente virtual de participación social.
Art. 7º El Sistema Nacional de Participación Social – SNPS, coordinado por la Secretaria General de la Presidencia de la República, será integrado por las instancias de participación social previstas en los incisos I a IV del art. 6º de este Decreto, sin perjuicio de la integración de otras formas de diálogo entre la administración pública federal y la sociedad civil.
Parágrafo único. La Secretaria General de la Presidencia de la República publicará la relación y la respectiva composición de las instancias integrantes del SNPS.
Art. 8º Compete a la Secretaria General de la Presidencia de la República:
I – acompañar la implementación de la PNPS en los órganos y entidades de la administración pública federal directa e indirecta;
II – orientar la implementación de la PNPS y de la SNPS en los órganos y entidades de la administración pública federal directa e indirecta;
III – realizar estudios técnicos y promover evaluaciones y sistematizaciones de las instancias y de los mecanismos de participación social definidos en este Decreto;
IV – realizar audiencias y consultas públicas sobre aspectos relevantes para la gestión de la PNPS y de la SNPS; y
V – proponer pactos para el fortalecimiento de la participación social en los demás entes de la federación.
Art. 9º Queda instituido el Comité Gubernamental de Participación Social – CGPS, para asesorar a la Secretaria General de la Presidencia de la República en el monitoreo y la implementación de la PNPS y en la coordinación de la SNPS.
§ 1º El CGPS será coordinado por la Secretaria General de la Presidencia de la República, que dará el soporte técnico-administrativo para su funcionamiento.
§ 2º Acto del Ministro de Estado Jefe de la Secretaría General de la Presidencia de la República dispondrá sobre su funcionamiento.
Art.10. Excepto lo dispuesto en ley, en la constitución de nuevos consejos de políticas públicas y en la reorganización de los ya constituidos deben ser observadas, como mínimo, las siguientes directrices:
I – presencia de representantes electos o indicados por la sociedad civil, preferencialmente de forma paritaria en relación a los representantes gubernamentales, cuando la naturaleza de la representación lo recomiende;
II – definición, con consulta previa a la sociedad civil, de sus atribuciones, competencias y naturaleza;
III – garantía de la diversidad entre los representantes de la sociedad civil;
IV – establecimiento de criterios transparentes de elección de sus miembros;
V – capacidad rotativa de los representantes de la sociedad civil;
VI – compromiso con el acompañamiento de los procesos sujetos a una conferencia relativos al tema de su competencia; y
VII – publicidad de sus actos.
§ 1º La participación de los miembros en el consejo es considerada prestación de servicio público relevante, no remunerada.
§ 2º La publicación de las resoluciones de carácter normativo de los consejos de naturaleza deliberativa se vincula al análisis de legalidad del acto por el órgano jurídico competente, en acuerdo con el dispuesto en la Ley Complementar nº 73, del 10 de febrero de 1993.
§ 3º La capacidad rotativa de las entidades y de sus representantes en los consejos de políticas públicas debe ser asegurada mediante la reconducción limitada al lapso temporal determinado en la forma de sus regímenes internos, siendo vedadas tres reconducciones consecutivas.
§ 4º La participación de un dirigente o miembro de una organización de la sociedad civil que actúe en un consejo de política pública no configura impedimento a la celebración de asociación alguna con la administración pública.
§ 5º En la hipótesis de una asociación que implique transferencia de recursos financieros de dotaciones consignadas en el fondo del respectivo consejo, el consejero conectado a la organización que disputa con el acceso al recurso queda impedido de votar en los ítems de pauta que tengan referencia con el proceso de selección, monitoreo y evaluación de la asociación.
Art. 11. En las comisiones de políticas públicas deben ser observadas, como mínimo, las siguientes directrices:
I – presencia de representantes electos o indicados por la sociedad civil;
II – definición de duración, tema y objetivo a ser alcanzado;
III – garantía de la diversidad entre los representantes de la sociedad civil;
IV – establecimiento de criterios transparentes de elección de sus miembros; y
V – publicidad de sus actos.
Art. 12. Las conferencias nacionales deben observar, como mínimo, las siguientes directrices:
I – divulgación amplia y previa del documento convocatorio, especificando sus objetivos y etapas;
II – garantía de la diversidad de los sujetos participantes;
III – establecimiento de criterios y procedimientos para la designación de los delegados gubernamentales y para la elección de los delegados de la sociedad civil;
IV – integración entre etapas municipales, estatales, regionales, distritales y nacionales, cuando hubiere;
V – puesta a disposición previa de los documentos de referencia y materiales a ser apreciados en la etapa nacional;
VI – definición de los procedimientos metodológicos y pedagógicos a ser adoptados en las diferentes etapas;
VII – publicidad de sus resultados;
VIII – determinación del modelo de acompañamiento de sus resoluciones; e
IX – indicación de la periodicidad de su realización, considerando el calendario de otros procesos propios de una conferencia.
Parágrafo único. Las conferencias nacionales serán convocadas por acto normativo específico, oído el CGPS sobre la pertinencia de su realización.
Art. 13. Las defensorías deben observar las directrices de la Defensoría General de la Unión, perteneciente a la Contraloría General de la Unión, en los términos del art. 14, caput, inciso I, del Anexo I al Decreto nº 8.109, del 17 de septiembre de 2013.
Art. 14. Las mesas de diálogo deben observar, como mínimo, las siguientes directrices:
I – participación de las partes afectadas;
II – compromiso de los representantes de la sociedad civil en la construcción de la solución del conflicto;
III – plazo definido de funcionamiento; y
IV – acompañamiento de la implementación de las soluciones pactadas y obligaciones voluntariamente asumidas por las partes comprometidas.
Parágrafo único. Las mesas de diálogo creadas para el perfeccionamiento de las condiciones y relaciones de trabajo deberán, preferencialmente, tener naturaleza tripartita, de manera de comprometer representantes de los empleados, de los empleadores y del gobierno.
Art. 15. Los fórumsinterconsejos deben observar, como mínimo, las siguientes directrices:
I – definición de la política o programa a ser objeto de debate, formulación y acompañamiento;
II – definición de los consejos y organizaciones de la sociedad civil a ser invitados por su vinculación al tema;
III – producción de recomendaciones para las políticas y programas en cuestión; y
IV – publicidad de las conclusiones.
Art. 16. Las audiencias públicas deben observar, como mínimo, las siguientes directrices:
I – divulgación amplia y previa del documento convocatorio, especificando su objeto, metodología y el momento de realización;
II – libre acceso de los sujetos afectados e interesados;
III – sistematización de las contribuciones recibidas;
IV – publicidad, con amplia divulgación de sus resultados, y la puesta a disposición del contenido de los debates; y
V – compromiso de respuesta a las propuestas recibidas.
Art. 17. Las consultas públicas deben observar, como mínimo, las siguientes directrices:
I – divulgación amplia y previa del documento convocatorio, especificando su objeto, metodología y el momento de realización;
II – puesta a disposición previa y en un lapso razonable de los documentos que serán objeto de la consulta en lenguaje simple y objetivo, y de los estudios y del material técnico utilizado como fundamento para la propuesta colocada en consulta pública y el análisis de impacto regulatorio, cuando hubiese;
III – utilización de internet y de tecnologías de comunicación e información;
IV – sistematización de las contribuciones recibidas;
V – publicidad de sus resultados; y
VI – compromiso de respuesta de las propuestas recibidas.
Art. 18. En la creación de ambientes virtuales de participación social deben ser observadas, como mínimo, las siguientes directrices:
I – promoción de la participación de forma directa de la sociedad civil en los debates y decisiones del gobierno;
II – suministro de las personas con deficiencia de todas las informaciones destinadas al público en general en formatos accesibles y tecnologías apropiadas a los diferentes tipos de deficiencia;
III – puesta a disposición del acceso a los términos de uso de ambiente en el momento de registro;
IV – explicitación de objetivos, metodologías y productos esperados;
V – garantía da diversidad de los sujetos participantes;
VI – definición de estrategias de comunicación y movilización, y puesta a disposición de subsidios para el diálogo;
VII – utilización de ambientes y herramientas de redes sociales, cuando sea apropiado;
VIII – priorización de la exportación de datos en formatos abiertos y legibles por máquinas;
IX – sistematización y publicidad de las contribuciones recibidas;
X – utilización prioritaria de software y licencias libres como estrategia de estímulo para la participación en la construcción de las herramientas tecnológicas de participación social; y
XI – fomento para la integración con instancias y mecanismos presenciales, como transmisión de debates y oferta de oportunidades para una participación remota.
Art. 19. Queda instituida la Mesa de Monitoreo de las Demandas Sociales, instancia colegiada interministerial responsable por la coordinación y enrutamiento de pautas de los movimientos sociales y por el monitoreo de sus respuestas.
§ 1º Las reuniones de la Mesa de Monitoreo serán convocadas por la Secretaria General de la Presidencia de la República, siendo convidados los Secretarios Ejecutivos de los ministerios relacionados a los temas a ser debatidos en la ocasión.
§ 2º Acto del Ministro de Estado Jefe de la Secretaria General de la Presidencia de la República dispondrá sobre las competencias específicas, el funcionamiento y la creación de subgrupos de la instancia prevista en el caput.
Art. 20. Las agencias reguladoras observarán, en la realización de audiencias y consultas públicas, lo dispuesto en este Decreto, cuando apropiado.
Art. 21. Compete a la Casa Civil de la Presidencia de la República decidir sobre la amplia divulgación del proyecto de acto normativo de especial significado político o social en los términos del art. 34, caput, inciso II, del Decreto nº 4.176, del 28 de marzo de 2002.
Art. 22. Este Decreto entra en vigor en la fecha de su publicación.
Brasilia, 23 de mayo de 2014; 193º de la Independencia y 126º de la República.

DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Gilberto Carvalho
Jorge Hage Sobrinho

Este texto no substituye lo publicado en el DOU del 26.5.2014

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